¡Que fantástico instrumento de comunicación es twitter. Recibí de nuestros amigos de la Asociación Española de Municipios del Olivo el siguiente tweet le martes 24 de marzo del 2014, planteando una verdadera e interesante pregunta:

@Tgarciaazcarate ¿Qué hubiera costado establecer un precio de intervención que asegurara la renta mínima del agricultor?, caso del aceite

El primer concepto complicado a definir es de "renta mínima del agricultor". Supongo que estamos hablando de un agricultor profesional, que debe generar su renta exclusivamente de la explotación agraria, que solo tenga olivar, para lo cual se le debe de primeras exigir una dimensión también mínima. Por un lado ya hemos disminuido considerablemente la población a la que habría de asegurarse una renta "mínima"; por otro queda por definir cuál sería nuestra dimensión "mínima" de referencia.

Suponiendo, que ya es mucho suponer, que hemos superado todos los obstáculos anteriores, nos encontramos con el último y más importante: la definición del precio de intervención.
Estamos en un sector que ha vivido un cambio estructural enorme. Tenemos olivares muy productivos con unos costes de producción en torno a 1.4 € el kilo, y otros con costes muchos más elevados. Algunos cálculos hablan de 2.5 €. Un precio de intervención fijado, por ejemplo, a este último nivel, permitiría al olivar menos competitivo sacar la cabeza del agua, asegurando pingues beneficios a los olivares más productivos. ¿Es esto lo que queremos?

España, podríamos decir Andalucia (o incluso Jaén) marca el precio mundial del aceite de oliva. Si intentáramos estabilizar el precio del mercado en torno a 2.5, estimularíamos las plantaciones de olivar en el resto del mundo, crearíamos nuestra propia competencia. Europa perdería el liderazgo mundial; Esto no es un cuento chino. Los franceses se empeñaron en estabilizar el mercado mundial del vino con destilaciones obligatorias y voluntarias, a precios excesivamente alto y el liderazgo del sector  fue asumido por los viñedos del nuevo mundo ayer, y los italianos y españoles hoy. Lo mismo le pasó a los Estados Unidos con la soja y el embargo que impusieron en 1973. Eran los reyes del manbo pero ahora es América Latina quien lleva la voz cantante.

La producción española está aumentando. Esta campaña estamos entorno al 1.7 millones de toneladas. Para que el mercado pueda asimilar semejantes volúmenes, los precios tiene que adaptarse.  Si fijáramos precios de intervención superiores al precio de equilibrio, tendríamos excedentes crecientes en intervención.

Porque, recordémoslo, no estamos hablando de excedentes coyunturales sino de excedentes estructurales ligados a cambios profundos en la tecnología de producción.

Les puedo asegurar que las autoridades públicas, sean las que sean, se ponen muy nerviosas cuando ven crecer los excedentes estructurales y los gastos presupuestarios.  Las medidas de ajustes que se tomarían serían entonces salvajes, brutales.

¿Quiero esto decir que no hay que hacer nada para mantener la rentabilidad del olivar de baja producción pero alto valor medioambiental, social, territorial? Por supuesto que no, pero la actuación no ha de ser manipulando el mercado sino compensando estos sobrecostes y recompensando estos bienes públicos que están generando con las ayudas también públicas correspondientes.

España está actuando en este sentido. El olivar suele ser actor importante en los, programas de ayudas medioambientales o en las ayudas a las zonas de montaña o desfavorecidas. España podía haber hecho más aun, por ejemplo utilizando el verdeo de las ayudas, esta tercera parte de las ayudas directas ligadas a compromisos mínimos medioambientales, para promover una redistribución importante de las ayudas desde las tierras más productivas a las menos productivas, desde el olivar intensivo hacia el de baja producción.  En su inmensa sabiduría, el gobierno del  estado, con el apoyo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, ha considerado que una redistribución de tal magnitud no era oportuna o pertinente.

También cabe convencer al consumidor, con políticas efectivas de defensa de la calidad, con denominaciones de origen serias y responsables, con empresas responsables, es decir segmentando el mercado, de que pague precios razonables por el oro verde. Esto exige rigor, dignificar el producto lo que no siempre es compatible con un 60% de marcas blancas en los lineales de la gran distribución.

En todo caso, la solución no está en imponer al mercado precios administrativos irrealistas o antieconómicas.